Golpe a la Corte: Milei nombra jueces por decreto y desata una tormenta política

El presidente Javier Milei designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema sin el acuerdo del Senado. La oposición denuncia una violación constitucional, mientras el Gobierno justifica la medida para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal. El conflicto está servido.

El presidente Javier Milei encendió la chispa de una nueva crisis institucional al designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión generó un vendaval de reacciones en el espectro político, con acusaciones de abuso de poder y ruptura del orden constitucional, mientras que el Gobierno sostiene que la medida era necesaria ante la inacción del Senado.

Desde la Casa Rosada argumentaron que la falta de acción del Senado habilitó la decisión presidencial. «El gobierno nacional no tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino», afirmó un comunicado oficial. En la misma línea, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que la designación por decreto es constitucional y garantiza el normal funcionamiento del tribunal.

La oposición, en sus distintas vertientes, rechazó con dureza la maniobra. Desde el peronismo, el interbloque de senadores de Unión por la Patria calificó la medida como «una afrenta al sistema republicano» y denunció un «ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo». La senadora Anabel Fernández Sagasti recordó que García-Mansilla había asegurado previamente que no aceptaría un nombramiento por decreto, lo que ahora pone en duda su independencia.

Por su parte, la UCR también manifestó su repudio. El senador Pablo Blanco afirmó que «pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial» y advirtió que Milei «no es un rey ni un emperador». En la misma línea, Martín Lousteau acusó al presidente de «despreciar la Constitución» y alertó sobre los riesgos de gobernar por decreto.

Otras figuras del arco opositor sumaron críticas. La diputada Margarita Stolbizer consideró que la decisión es «una degradación total» y comparó el accionar de Milei con el del presidente ruso Vladimir Putin. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, sostuvo que el decreto es «un horror institucional» y calificó a Lijo como «un escándalo de corrupción».

El Frente de Izquierda también sumó su voz crítica. El diputado Nicolás del Caño afirmó que la medida es «otra muestra del autoritarismo del gobierno» y que Milei busca «una Corte adicta que le garantice impunidad».

Incluso dentro del PRO hubo disidencias. La senadora Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que la decisión «es oportunista y peligrosa» y que «genera una falta de legitimidad democrática».

Mientras la polémica crece, Milei apuesta a consolidar su poder en la Corte sin pasar por el Senado, una jugada que podría derivar en una batalla judicial y política de proporciones. En un contexto de tensión creciente, el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso promete seguir escalando y poner a prueba la solidez del sistema republicano argentino.